El 9 de mayo, Día de la Victoria, se celebró en Nairobi, Kenia, la histórica X Conferencia Internacional Antiimperialista de la Plataforma Mundial Antiimperialista. Organizada conjuntamente en Nairobi por la Plataforma Mundial Antiimperialista y el Partido Comunista Marxista de Kenia (CPMK)
A continuación presentamos la exposición del Partido del Trabajo de Chile en el evento internacional:
El Estado Neocolonial en época Trump
Jorge Galvez (Secretario Político del Partido del Trabajo de Chile)
Cambio del Patrón de Acumulación Capitalista: Del neoliberalismo al pillaje estratégico
Si bien no es propósito de este texto zanjar si existe una continuidad del patrón de acumulación neoliberal o si asistimos al surgimiento de un fenómeno cualitativamente distinto, resulta imprescindible señalar que la comprensión del Estado neocolonial en sus formas actuales exige una precisión fundamental. En el marco de la reconfiguración multipolar del sistema internacional y de la persistente subordinación de América Latina al imperialismo estadounidense, la región se sitúa en el punto de la imposición de un nuevo patrón de acumulación capitalista, cuyas lógicas estructurales redefinen el papel económico, político y territorial de los Estados neocoloniales.
De esta manera, el análisis del Estado neocolonial contemporáneo ya no es posible comprenderlo exclusivamente desde el paradigma neoliberal. Si bien muchas de sus formas institucionales, discursivas y jurídicas permanecen, el patrón histórico de acumulación que les daba sentido se encuentra agotado. Insistir en leer la realidad actual como una simple profundización del neoliberalismo conduce a diagnósticos parciales y, en consecuencia, a errores estratégicos.
El neoliberalismo es el régimen de acumulación propio de una fase de hegemonía imperial. Su funcionamiento descansa en la expansión global del capital financiero, la apertura de mercados, la privatización masiva de bienes públicos y una subordinación periférica mediada por el consumo, la deuda y la promesa siempre aplazada de desarrollo. Ese modelo requería Estados funcionales, elites integradas y un orden internacional suficientemente previsible. Ese mundo histórico ha colapsado.
La fase actual del sistema internacional está marcada por la crisis estructural del orden liberal, la pérdida de capacidad hegemónica del centro imperial y la emergencia de un escenario multipolar conflictivo. En este contexto, el neoliberalismo deja de ser útil como patrón dominante de acumulación. Porque ya no responde a las necesidades materiales y estratégicas del imperialismo en declive.
El imperialismo contemporáneo ya no puede expandirse indefinidamente ni integrar periferias mediante consenso y mercado. Su problema central ha dejado de ser la maximización abstracta de la ganancia y ha pasado a ser una cuestión existencial, asegurar el acceso estable a energía, minerales críticos, rutas logísticas, posiciones territoriales y control tecnológico en un mundo que rompe con la unipolaridad.
De esta transformación creemos que va surgiendo un nuevo patrón de acumulación, aún en proceso de consolidación, que se caracteriza por el pillaje estratégico y la tributación.
En este nuevo marco, el saqueo deja de ser un fenómeno encubierto, excepcional o indirecto, y se convierte en imperativo estructural. El acceso a recursos y territorios ya no se justifica principalmente como interés económico, sino como condición de supervivencia del propio Estado imperial. La economía se subordina abiertamente a la seguridad, el mercado, a la coerción, a la excepción.
Este giro explica la mutación profunda del papel de los Estados subordinados. El Estado neocolonial actual no es heredero pasivo del neoliberalismo, sino una pieza activa dentro de esta nueva arquitectura de acumulación. Su función ya no consiste en gestionar un desarrollo dependiente, sino en garantizar el flujo permanente del pillaje hacia el centro dominante, incluso a costa de la desintegración social, productiva y política de su propio territorio.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos debe leerse desde esta clave. No como una actualización técnica de políticas previas, sino como la explicitación estratégica de este cambio histórico. En ella, la seguridad deja de ser un marco externo de la economía y pasa a ser su principio organizador.
El rasgo distintivo del nuevo patrón de acumulación no es solo su carácter extractivo, sino la subordinación total de la economía a la lógica de la seguridad y la supervivencia del Estado Imperialista. En la fase actual, la reproducción del capital imperial ya no se garantiza por la expansión de los mercados ni por la integración financiera de las periferias, sino por la capacidad del Estado imperial de imponer condiciones de acceso, exclusión y control sobre recursos estratégicos y espacios geopolíticos clave.
Este desplazamiento marca una ruptura histórica profunda. Mientras el neoliberalismo separaba discursivamente economía y política, presentando el mercado como esfera autónoma, el nuevo patrón las fusiona bajo un mismo comando. La seguridad del Estado Imperialista se transforma en categoría económica central, y la economía pasa a ser tratada como problema de defensa.
De allí la creciente legitimación de prácticas que, en el ciclo anterior, habrían sido consideradas excepcionales, sanciones unilaterales, confiscación de activos, bloqueo tecnológico, guerra jurídica, control de cadenas de suministro y uso sistemático de la coerción financiera. Estas herramientas ya no operan como medidas coyunturales, sino como mecanismos ordinarios de acumulación.
El mercado deja de asignar recursos, esa función pasa al poder político-militar del centro dominante.
En este contexto, los Estados neocoloniales son reconfigurados funcionalmente. Su rol ya no es facilitar la libre circulación del capital global, sino garantizar territorialmente las condiciones del pillaje estratégico. Esto implica asegurar estabilidad política mínima para la extracción, controlar poblaciones potencialmente conflictivas y ofrecer marcos jurídicos flexibles a los intereses del centro imperial.
América Latina, África y otras regiones periféricas dejan de ser espacios de “integración” y pasan a ser reservorios estratégicos.
En esta fase, el imperialismo no requiere Estados soberanos capaces de integrar a sus pueblos, sino Estados administradores del despojo, capaces de operar bajo condiciones de crisis permanente. La estabilidad buscada no es social ni económica, sino estrictamente estratégica, continuidad del flujo extractivo, control territorial y alineamiento internacional. Todo lo demás es secundario o prescindible.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos actúa como marco ordenador de esta arquitectura. Al definir recursos, tecnologías y territorios como asuntos de seguridad del Estado imperialista, convierte automáticamente a los Estados subordinados que los albergan en espacios de interés estratégico directo. La soberanía de estos Estados queda, en los hechos, relativizada y condicionada a su grado de colaboración.
Este Estado no gobierna para desarrollar, sino para hacer gobernable la extracción. Su racionalidad central no es económica ni social, sino policial-estratégica.
La comprensión de este marco es condición necesaria para pensar cualquier proyecto soberano en el siglo XXI. Sin esta claridad, la crítica corre el riesgo de quedarse anclada en categorías agotadas, y la acción política, de enfrentar síntomas sin atacar las causas.
El Estado neocolonial en el siglo XXI: forma política de la decadencia imperial
El Estado neocolonial contemporáneo no puede ser comprendido como una mera continuidad del colonialismo clásico, se trata más bien, de una forma histórica específica, producida por la transformación del imperialismo en condiciones de declive estructural del centro hegemónico. En este sentido, el Estado neocolonial actual es el correlato necesario de lo que podríamos definir como “Estado del Pillaje Imperial” un imperialismo que ya no hegemoniza ni integra, sino que extrae, castiga y depreda.
A diferencia de las etapas previas del capitalismo imperialista, donde la dominación combinaba coerción con consensos relativos, desarrollo desigual y promesas de integración subordinada, el escenario actual está marcado por la ruptura del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. El llamado “orden internacional basado en reglas” ha dejado de operar como sistema común, transformándose en un instrumento unilateral del poder imperial, que dicta reglas que no se autoimpone y las aplica de manera selectiva sobre los Estados periféricos.
En este contexto, el Estado neocolonial conserva la forma jurídica de la soberanía, pero ha sido vaciado de su contenido material. Controla un territorio, administra elecciones y mantiene símbolos nacionales, pero carece de dominio efectivo sobre los elementos centrales del poder, recursos estratégicos, moneda, sistema financiero, comercio exterior, tecnología, defensa y planificación de largo plazo. La soberanía, en estos Estados, es formal, mientras la sustancia de las decisiones estratégicas se encuentra externalizada.
Esta forma estatal no emerge por debilidad accidental ni por “mala gestión”, sino que cumple una función estructural precisa dentro del sistema imperial en crisis, garantizar el flujo permanente del pillaje hacia el centro dominante y, al mismo tiempo, contener políticamente a sus propias sociedades. El Estado neocolonial no está diseñado para desarrollar fuerzas productivas nacionales, sino para administrar la dependencia y gestionar la crisis social que esta dependencia genera.
La National Security Strategy (NSS) de los Estados Unidos, en su versión más reciente, hace explícita esta transformación. Lejos de ocultar las prácticas de sanción, bloqueo, confiscación de activos, militarización periférica y control financiero global, la NSS las integra doctrinariamente como herramientas normales de la política de seguridad. El saqueo deja de ser un fenómeno encubierto para convertirse en imperativo estratégico, acceder a energía, minerales críticos, cadenas logísticas y posiciones geopolíticas ya no se presenta como interés económico, sino como necesidad existencial del Estado imperial.
En este marco, los Estados neocoloniales aparecen definidos desde el centro como zonas de disputa, territorios sacrificables y proveedores forzados de recursos. Su rol no es decidir, sino obedecer reglas que no redactaron, no es planificar, sino ajustarse a agendas externas, no es proteger a su población, sino administrar el conflicto social derivado del despojo.
Las élites locales cumplen aquí un papel decisivo actúan como gestores internos de la subordinación, articuladas con por organismos financieros, aparatos diplomáticos y estructuras jurídicas internacionales que blindan la inversión extranjera y criminalizan cualquier intento de ruptura soberana. El Estado neocolonial es, así una alianza desigual entre poder externo y clases dominantes internas, sostenida por un derecho colonizado y coerción selectiva.
El neocolonialismo del siglo XXI es su forma política característica en una etapa de decadencia imperial. Ya no se trata de integrar periferias al desarrollo capitalista global, sino de extraer rápidamente lo necesario para sostener un centro en declive, incluso a costa de la destrucción económica, social y ambiental de vastas regiones del planeta.
La base económica del Estado neocolonial: dependencia estructural y extractivismo subordinado
La estructura económica del Estado neocolonial se caracteriza por una dependencia orgánica del capital extranjero, que no es coyuntural ni reversible dentro de los márgenes del sistema vigente. Esta dependencia define el tipo de inserción internacional, la configuración del aparato productivo y los límites reales de la política económica. El Estado neocolonial no decide su modelo, lo administra bajo coerción externa.
En estos Estados, los sectores estratégicos de la economía, minería, hidrocarburos, energía, agronegocios, infraestructura crítica, finanzas y, crecientemente, recursos hídricos y tierras, se encuentran controlados directa o indirectamente el Estado imperialista. La inversión extranjera no actúa como complemento del desarrollo nacional, sino como mecanismo de apropiación de renta, con marcos legales diseñados para garantizar estabilidad al capital y transferir riesgos a la sociedad.
Este patrón económico se articula en torno a una estructura productiva extractiva, organizada como sistema de enclaves. La economía se orienta a la exportación de materias primas con mínimo valor agregado interno, escasos encadenamientos productivos y nula transferencia tecnológica significativa. La acumulación no se realiza dentro del territorio nacional, sino que fluye hacia el exterior, reforzando la dependencia financiera y tecnológica.
La consecuencia directa de esta matriz es la imposibilidad de una planificación soberana. las decisiones fundamentales, qué producir, para quién, con qué tecnología y bajo qué condiciones sociales y ambientales, están condicionadas por contratos, regímenes de protección de inversiones y tribunales internacionales que despojan al Estado de su capacidad regulatoria efectiva, etc.
La fuga de capitales completa el círculo vicioso. Regímenes tributarios favorables al capital extranjero, sistemas financieros abiertos y ausencia de controles efectivos permiten la salida permanente de excedentes, reforzando la escasez de divisas y justificando nuevos ciclos de endeudamiento. Así, el Estado neocolonial queda atrapado en una lógica de crisis recurrente, utilizada para justificar ajustes cada vez más profundos.
La desarticulación productiva de la periferia no es un daño colateral del sistema, sino una condición de su reproducción en tiempos de decadencia.
La forma política del Estado neocolonial
El Estado neocolonial no se sostiene únicamente por su estructura económica dependiente, sino por un orden jurídico diseñado para administrar la subordinación. En esta forma estatal, el derecho deja de ser un instrumento de autodeterminación colectiva y se transforma en mecanismo técnico de garantía del pillaje, tanto en el plano interno como en el internacional.
Formalmente, el Estado conserva constituciones, códigos y tribunales. Sin embargo, el contenido material de ese orden jurídico está colonizado por normas, tratados y compromisos externos que limitan radicalmente la capacidad soberana. Tratados de libre comercio, acuerdos de protección recíproca de inversiones y sistemas de arbitraje internacional funcionan como constituciones paralelas, jerárquicamente superiores a las decisiones democráticas internas.
Estas arquitecturas jurídicas blindan la inversión extranjera, garantizan la repatriación irrestricta de utilidades y penalizan cualquier intento de regulación soberana. Cuando un Estado intenta recuperar control sobre recursos estratégicos, modificar condiciones contractuales o implementar políticas redistributivas, se activa el chantaje legal, financiero y diplomático. El llamado derecho internacional, lejos de ser universal, opera de forma asimétrica y disciplinaria.
En el plano interno, el derecho se reconfigura para cumplir una doble función, flexibilizar la economía para el capital y endurecer el control sobre la sociedad. Se promueve la desregulación laboral, la privatización de servicios esenciales y la mercantilización de derechos sociales, mientras se fortalecen marcos penales, leyes de seguridad y dispositivos de control destinados a contener el malestar social generado por estas políticas.
Este proceso se articula con una democracia vaciada de contenido popular. Persisten elecciones, partidos y parlamentos, pero las decisiones estratégicas, modelo económico, política exterior, defensa, control de recursos, quedan fuera del alcance de la voluntad popular. La democracia se reduce a un ritual de legitimación, cuyo margen real de decisión está previamente acotado por compromisos externos.
Cuando el voto amenaza este orden neocolonial, el sistema activa mecanismos de intervención indirecta, judicialización selectiva de liderazgos populares (lawfare), campañas mediáticas de deslegitimación, presiones económicas, financiamiento político externo o directamente golpes institucionales y electorales, como ocurrieron en Honduras, con la intervención directa de Donald Trump. La voluntad popular es aceptada solo en tanto no cuestione las bases materiales de la dependencia.
La National Security Strategy de los Estados Unidos incorpora explícitamente esta lógica. La democracia deja de ser presentada como valor universal y pasa a ser instrumento funcional, es válida cuando produce gobiernos alineados y descartable cuando genera proyectos soberanos. El derecho, en consecuencia, se subordina a la “seguridad nacional” del poder imperial, legitimando sanciones, bloqueos y confiscaciones al margen de cualquier legalidad internacional común.
En este escenario, el Estado neocolonial se convierte en ejecutor local de una legalidad que no controla, aplicando normas externas contra su propio pueblo. La judicialización de la protesta, la criminalización de la resistencia social y la restricción de derechos políticos no son aberraciones autoritarias aisladas, sino componentes orgánicos de la forma estatal neocolonial.
El resultado es una crisis de legitimidad permanente. El Estado exige obediencia, pero no ofrece proyecto, administra elecciones, pero no decide, invoca la ley, pero la utiliza contra quienes buscan transformarlo. Esta contradicción estructural explica la inestabilidad política crónica, la fragmentación social y la emergencia recurrente de ciclos de protesta y represión.
La coerción como pilar del Estado neocolonial
En el Estado neocolonial, la función de la seguridad y la defensa sufre una mutación profunda. La defensa de la soberanía territorial deja de ser el objetivo central y es reemplazada por una concepción de seguridad subordinada, orientada a la estabilidad del orden interno y a la protección de intereses estratégicos externos. La coerción ya no se organiza en función del enemigo externo, sino contra la propia sociedad.
Las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados neocoloniales suelen estar doctrinalmente alineadas con el poder imperial. Su formación, equipamiento, entrenamiento e incluso inteligencia dependen de programas de “cooperación en seguridad” impulsados por Estados Unidos y sus aliados. Estas doctrinas redefinen las amenazas, el enemigo ya no es la agresión externa, sino la protesta social, el conflicto territorial, el narcotráfico funcional y cualquier expresión política que altere el orden extractivo.
La National Security Strategy legitima esta transformación al promover el uso integrado de herramientas militares, policiales, tecnológicas y de inteligencia para garantizar la “estabilidad” de regiones consideradas críticas. La militarización ya no requiere ocupación formal, se ejerce mediante bases, ejercicios conjuntos, comandos regionales, asistencia técnica y control de información estratégica.
El Estado neocolonial acepta esta arquitectura porque carece de proyecto defensivo propio. Su aparato militar se convierte en seguridad subcontratada, orientada a cumplir funciones de contención territorial y control social en nombre de la estabilidad hemisférica. La soberanía en materia de defensa queda así fragmentada y condicionada.
Esta lógica se expresa con claridad en América Latina, donde el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) opera como articulador central de la arquitectura de seguridad regional. Ejercicios militares, cooperación antidrogas, control marítimo y vigilancia aérea no responden a amenazas nacionales definidas soberanamente, sino a prioridades geoestratégicas imperiales, rutas comerciales, corredores energéticos, infraestructura crítica y control de influencias extra hemisféricas.
La pobreza, migración, conflicto indígena, informalidad, cumple una función clave, despolitizar las causas estructurales de la crisis y legitimar la represión. El Estado neocolonial criminaliza la protesta en nombre del orden, mientras mantiene intactas las estructuras económicas que la generan.
Al subordinar la defensa nacional a intereses externos, el Estado queda expuesto a desestabilizaciones inducidas, presiones diplomáticas y operaciones de coerción indirecta cuando intenta desviarse del rol asignado. La militarización dependiente es, paradójicamente, fuente de mayor vulnerabilidad estratégica.
La NSS introduce además la noción de desestabilización preventiva, intervenir, sancionar o presionar antes de que un proyecto soberano se consolide. En este marco, la mera posibilidad de un giro político autónomo puede ser tratada como amenaza a la seguridad del poder imperial, justificando intervenciones abiertas o encubiertas.
Así, el Estado neocolonial se convierte en administrador local de la coerción, dirigido hacia adentro y alineado hacia afuera. La violencia estatal, lejos de proteger al pueblo, se utiliza para garantizar el flujo de recursos, la estabilidad del capital transnacional y la primacía geopolítica del centro imperial.
Captura de élites y administración neocolonial
El Estado neocolonial no podría sostenerse únicamente mediante coerción externa o presión imperial directa. Su estabilidad relativa descansa en la existencia de élites locales funcionales al orden de dependencia, que actúan como intermediarias entre el poder imperial y la sociedad. Estas élites no son simplemente “compradas” desde el exterior, se constituyen históricamente como fracción dominante al interior del Estado neocolonial.
Las clases dominantes en estos Estados, grupos empresariales, tecnócratas, altos mandos políticos, financieros y mediáticos, están profundamente integradas al capital financiero. Sus intereses materiales, su formación ideológica y sus redes de poder están alineadas con la reproducción del modelo extractivo-financiero. No buscan desarrollar el mercado interno ni fortalecer la soberanía, sino asegurar su posición como socios menores del pillaje.
Esta captura de élites se expresa en múltiples planos. En el ámbito económico, estas fracciones actúan como intermediarias de inversiones extranjeras, beneficiándose de concesiones, privatizaciones, rentas monopólicas y acceso privilegiado al crédito externo. En el plano político, ocupan ministerios clave, bancos centrales, agencias reguladoras y parlamentos, blindando legalmente la dependencia.
La colonización no es solo material, sino también cognitiva e ideológica. La formación de estas élites se produce en centros académicos, organismos multilaterales y redes de pensamiento vinculadas al centro imperialista. Allí se naturaliza la idea de que no existen alternativas viables a la subordinación, que la soberanía es anacrónica y que cualquier intento de planificación nacional es “populismo” o “irresponsabilidad fiscal”.
De este modo, la ausencia de proyecto nacional no aparece como una carencia, sino como virtud técnica. El Estado neocolonial no planifica, gestiona indicadores definidos externamente. No diseña desarrollo, cumple metas impuestas por el capital financiero. La política se degrada a administración, y la administración a mera ejecución de agendas ajenas.
Esta lógica explica la fragmentación deliberada del aparato estatal. Ministerios sin poder real, agencias capturadas por intereses privados, sistemas de evaluación basados en estándares internacionales que no reflejan necesidades nacionales. La planificación estratégica desaparece y es reemplazada por políticas cortoplacistas orientadas a sostener la estabilidad macroeconómica necesaria para la extracción.
La democracia, en este contexto, funciona como mecanismo de rotación controlada de élites, no como herramienta de transformación. Cambian gobiernos, pero no estructuras. Las élites garantizan la continuidad del modelo, mientras los costos sociales se distribuyen sobre la población trabajadora.
Cuando emergen sectores políticos o sociales que intentan romper este cerco, ya sea mediante nacionalizaciones, integración regional soberana o políticas de redistribución, estas mismas élites actúan como agentes internos de desestabilización, articulando presiones externas, lawfare, bloqueos económicos o golpes institucionales.
Así, el Estado neocolonial revela su verdadera naturaleza, no es un Estado débil, sino un Estado fuerte en su función específica de sostener la dependencia. Fuerte para reprimir, para legislar a favor del capital, para endeudarse y para disciplinar, débil solo cuando se trata de defender al pueblo y al territorio.
El injerencismo del imperio de EEUU. Y de Europa. Se fija bajo el dólar enviado a nuestros países, en formas corporativas y control de las instituciones del Estado….