POR LA SOBERANÍA DE CHILE Y AMÉRICA LATINA
El Partido del Trabajo de Chile (PTCh) e Izquierda Soberanista expresan su rechazo frente a acontecimientos recientes que plantean serios cuestionamientos respecto de la intervención del Gobierno de los Estados Unidos y de sus agencias en asuntos que corresponden a la soberanía de los Estados latinoamericanos.
En primer lugar, consideramos necesario el completo esclarecimiento de las circunstancias que impidieron al senador chileno Daniel Núñez participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria realizada en Nueva York.
El senador Núñez ha denunciado que existió un veto político que le impidió ingresar a Estados Unidos. Esta versión ha sido controvertida por representantes estadounidenses y por antecedentes relativos a la tramitación de la visa. Precisamente por ello, corresponde que el Estado chileno establezca con claridad lo sucedido y determine si un parlamentario de la República fue objeto de una restricción motivada por sus posiciones políticas.
En segundo lugar, observamos con especial preocupación los acontecimientos ocurridos en Bolivia en torno al fiscal general Roger Mariaca, quien encabezaba diversas investigaciones, entre ellas la relacionada con el ciudadano argentino Fernando Cerimedo.
Su detención se produce después de acusaciones formuladas desde Estados Unidos y en un contexto en que se ha reconocido cooperación de agencias estadounidenses con autoridades bolivianas.
Para el Partido del Trabajo de Chile e Izquierda Soberanista, estos acontecimientos plantean un problema político de alcance regional. América Latina no puede aceptar relaciones internacionales fundadas en la tutela de una potencia sobre Estados soberanos.
En este contexto, sostenemos que es deber fundamental del Gobierno de Chile defender al Estado, la soberanía de la República y el ejercicio independiente de las atribuciones constitucionales de todos sus poderes. Esta obligación debe cumplirse con independencia de las diferencias políticas existentes entre el Gobierno y quienes integran el Congreso Nacional, los tribunales de justicia u otros órganos del Estado.
Si las atribuciones de un poder del Estado o el legítimo ejercicio de las funciones de alguno de sus representantes son vulnerados, condicionados o afectados por la actuación de una potencia extranjera, corresponde al Gobierno de Chile actuar en consecuencia, defender institucionalmente a la República y adoptar las medidas diplomáticas y políticas que correspondan.
La defensa de un parlamentario chileno frente a una eventual vulneración externa no depende de su militancia, de sus opiniones políticas ni de su relación con el Gobierno de turno. Se trata de defender las prerrogativas del Estado de Chile y el principio de que ningún poder extranjero puede determinar o condicionar el ejercicio de las funciones de sus autoridades.
Desde nuestra perspectiva política, esta situación resulta todavía más preocupante por lo que consideramos una secuencia de actuaciones del Gobierno de José Antonio Kast contrarias a los intereses nacionales, caracterizadas por un alineamiento particularmente estrecho con la política exterior de los Estados Unidos.
El Partido del Trabajo de Chile e Izquierda Soberanista califican esta orientación como una conducta antipatriótica y de subordinación política, que coloca al Gobierno en una posición que consideramos de vasallaje frente al injerencismo estadounidense. Esta es nuestra valoración política y debe entenderse como tal.
Chile necesita una política exterior independiente, capaz de relacionarse con Estados Unidos, China, los países latinoamericanos y el conjunto de la comunidad internacional desde sus propios intereses nacionales y no desde la subordinación a ninguna potencia.
La cooperación internacional contra el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado o cualquier otro delito transnacional es necesaria, pero debe desarrollarse dentro del derecho internacional, respetando la soberanía nacional, la jurisdicción de cada Estado y la independencia de sus instituciones.
La soberanía significa capacidad nacional para decidir. Significa que las decisiones fundamentales de Chile deben ser adoptadas por el pueblo chileno y por las instituciones de la República, sin tutelas ni subordinaciones externas.
Por ello, llamamos a las autoridades chilenas y latinoamericanas a defender consecuentemente los principios de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos, no intervención e igualdad jurídica entre los Estados.
Exigimos transparencia respecto de los hechos denunciados, el esclarecimiento del papel desempeñado por organismos estadounidenses y garantías efectivas de independencia para las investigaciones judiciales actualmente en desarrollo.
Chile debe mantener relaciones de cooperación con todas las naciones, pero desde una posición de independencia y reciprocidad. La amistad entre los pueblos no puede confundirse con subordinación entre los Estados.
Defender la soberanía nacional es defender el derecho de nuestro pueblo a decidir su propio destino.
PARTIDO DEL TRABAJO DE CHILE — IZQUIERDA SOBERANISTA
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