La derecha, ultraderecha, la ex Concertación y el Frente Amplio como élites coinciden en una reforma contra los independientes y partidos populares, buscan perpetuarse en el poder oponiéndose en la práctica a la soberanía popular y nacional.
La Cámara de Diputadas y Diputados terminó de despachar una profunda reforma al sistema político-electoral chileno. El informe de la Comisión Mixta fue aprobado por 125 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, cerrando su tramitación legislativa. La bancada del Partido Comunista votó en contra de la iniciativa, al igual que el diputado Cristián Contreras..
En torno a esta reforma convergieron sectores políticos que públicamente mantienen formales diferencias entre sí, desde la derecha y la ultraderecha hasta fuerzas provenientes de la antigua Concertación y del Frente Amplio. Cuando se trata de modificar las condiciones democráticas del sistema político, estas élites instaladas en el Congreso terminan coincidiendo en sus intereses.
La reforma es presentada oficialmente como una iniciativa destinada a mejorar la “gobernabilidad” y la “representatividad”. Sin embargo, sus disposiciones muestran que las nuevas normas aumentan considerablemente las exigencias para quienes intenten construir alternativas políticas fuera de los partidos institucionales.
Más obstáculos para crear nuevos partidos
Uno de los cambios más importantes afecta directamente la constitución y permanencia de los partidos políticos.
Las colectividades deberán tener presencia legal en al menos ocho regiones y contar, en cada una de ellas, con afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo utilizado en la última elección de diputados. Los partidos actualmente constituidos dispondrán de 18 meses para adecuarse a las nuevas exigencias, en cambio las nuevas organizaciones solo dispondrán de 7 meses para juntar sus firmas.
Los partidos ya instalados cuentan con estructuras nacionales, parlamentarios, financiamiento, presencia mediática y recursos humanos acumulados durante años. Las organizaciones nuevas, en cambio, deben construir prácticamente desde cero su despliegue territorial y reunir las afiliaciones exigidas dentro del proceso legal de constitución.
No se parte, por tanto, desde posiciones igualitarias. Una organización popular nacida en una población, una organización de trabajadores, un movimiento regional o una nueva corriente política deberá alcanzar rápidamente una presencia territorial extensa para transformarse en partido legal. Los partidos existentes reciben, en cambio, un período considerablemente mayor para adecuarse a las nuevas reglas.
Eso termina convirtiendo una exigencia aparentemente neutral en una barrera democratizara de entrada.
El cerco también alcanza a los independientes
La reforma introduce además mayores exigencias para las candidaturas independientes.
Hasta ahora, el número de patrocinios requeridos para determinadas candidaturas independientes estaba vinculado a los ciudadanos que efectivamente habían sufragado en la elección anterior. La nueva normativa cambia esa base y establece que las firmas se calcularán considerando la totalidad del padrón electoral.
La diferencia puede ser importante. El padrón electoral es necesariamente mayor que el número de ciudadanos que efectivamente concurrieron a votar en una elección determinada. Al cambiar la base de cálculo, aumenta también el universo sobre el cual se determina el número mínimo de patrocinios.
En términos políticos, la consecuencia es sencilla: será más difícil levantar una candidatura independiente sin el respaldo de una estructura partidaria.
A ello se agrega otra restricción. En las elecciones de diputados y senadores, los candidatos independientes incorporados a las listas de partidos o pactos no podrán superar el 50% del total de las candidaturas presentadas por esas colectividades.La legislación, entonces, no solamente dificulta la creación de nuevos partidos. También estrecha el camino para quienes pretendan disputar electoralmente desde fuera de ellos.
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