Como ANEXPPSA, hacemos presente nuestra preocupación ante el recrudecimiento de la violencia policial y represión ejercidos en instancias de protesta y manifestación pública. Denunciamos los actos de violencia, intimidación y uso desmedido de la fuerza por parte de carabineros, que avalados por el gobierno, evidencian faltas impresentables desde la perspectiva de los DDHH.
Esto se expresa en hechos recientes como la represión injustificada de la que fue víctima un grupo de manifestantes la semana pasada, en el contexto de denuncia por estudiante agredida sexualmente por desconocidos. Al lugar concurrió carabineros, reprimiendo con gases, carros lanza-aguas y violencia física a los manifestantes, en su mayoría mujeres y niñas que se manifestaban pacíficamente. Esta violencia desmedida se ha evidenciado crecientemente en la represión ejercida contra la movilización estudiantil. Las jornadas de potestas de secundarios en sus demandas por mejoras en la educación, han estado marcadas por actos de violencia desproporcionada por parte de carabineros y fuerzas especiales.
Estos abusos asociados a un descontrol y falta de manejo por parte de la institución, han dado lugar a hechos como el atropello con resultado de muerte de una transeúnte de la tercera edad, envestida el día de ayer por un carro del GOPE en las inmediaciones del Liceo 1, contexto de manifestación estudiantil.
Como observatorio de DDHH insistimos en reivindicar la manifestación pública como un DERECHO HUMANO CONSAGRADO, recordando a las autoridades de gobierno que es DEBER del estado garantizar su cabal cumplimiento. Hacemos un llamado imperioso a terminar con la criminalización de la protesta y prácticas represivas que infunden terror en la población, exponiendo la integridad física y moral de las/los manifestantes y poniendo en riesgo su vida.
Desde ANEXPPSA hacemos un llamado enfático a las autoridades a condenar estos abusos para evitar la impunidad, agilizando los procesos judiciales que correspondan al accionar de carabineros, así como otros procesos de prioridad (caso de la menor víctima de violencia sexual).
Emplazamos a las autoridades de gobierno y especialmente al Ministerio de interior, en la persona de Carolina Tohá, a cumplir con el mandato de defensa plena de los derechos humanos, insistiendo en que nada justifica el despliegue masivo e indiscriminado de represión policial.
Santiago 13 de Junio del 2024
